El Gobierno Español nos engaña con los cultivos transgénicos

 

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El gobierno español nos engaña con los cultivos transgénicos

¡OCULTAN, ENGAÑAN Y VUELVEN A OCULTAR Y VUELVEN A ENGAÑAR...!

Si los alimentos transgénicos son tan buenos ¿porqué nos ocultan los estudios y las relaciones con estas empresas?

EL ESTADO ESPAÑOL ABRE SUS PUERTAS A MULTINACIONALES DEL SECTOR COMO MONSANTO, PIONEER O BAYER
Cien campos secretos de prueba de transgénicos con la connivencia del PSOE

Desde 2008 no se publican las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad que tienen que hacer público en qué campos del Estado español se cultivan Organismos Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede causar daños en la salud humana


Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medios Rural y Marino - Elaboración DIAGONAL

“Tenemos constancia de que se llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire libre sin que los Concelhos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el Ministerio y la Xunta nos han ocultado información”. Así lo declaraba para DIAGONAL Charo Sánchez, agricultora y secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego (SLG) tras descubrir informes de campos de ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concelhos de Arteixo o Santa Uxía. “Algo que desde la Administración nos habían negado. Ha sido como un jarro de agua fría”.

La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM) sigue siendo oscura y confusa. Los campos de prueba al aire libre son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de OGM.

Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad.

La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio”.

A todas luces la seguridad parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana Transgènic Fora.

Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.




No se avisa ni a la población ni a los vecinos

Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.

Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.

De hecho es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz desde 2008.

Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. “El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos”, añade.

“Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado”, concluye.

¿SÓLO REGALOS?
Regalos, comidas o muestras gratuitas de semillas son algunas de las estrategias que la agroindustria despliega para atraer a agricultores y agricultoras. La revista de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) relata cómo en septiembre de 2009 una delegación del sindicato recorría Estados Unidos invitada por Monsanto. El objetivo de este viaje, según la UPA, fue “visitar varios centros de investigación agraria, así como explotaciones dedicadas al cultivo del maíz, la soja y la remolacha”. Durante una semana esta delegación recorrió fincas de experimentación de cultivos y se reunió con distintos expertos de Monsanto en materia de agua o mejora genética. Como colofón y siempre usando la expresión “agricultura familiar”, visitaron dos explotaciones de remolacha tolerante a herbicidas. “UPA valora muy positivamente este viaje”.



SECRETISMO Y RIESGOS DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)

La Comisión Nacional de Bioseguridad

Esta comisión, dependiente del Ministerio, es la encargada de elaborar los informes que dan el visto bueno a los experimentos con transgénicos. Está compuesta por 46 miembros, de los cuales tan sólo siete son representantes científicos. Sus miembros están cercanos a la agroindustria (Ver, más abajo, Grupos de Presión, Altos cargos...)

Algodón
La solicitud de Bayer para experimentar con algodón tolerante a herbicida roza la inseguridad: “Debido a las medidas tomadas en el ensayo y a que no existen especies silvestres emparentadas con el algodón en Europa, consideramos que no puede producirse transferencia de genes a otras especies ni al algodón convencional”.

Maíz
Las "buenas intenciones" acompañan a Monsanto y su maíz NK603 x MON810. “Se ha demostrado que este maíz es tan seguro y tan nutritivo como cualquier otro. Se espera que su producción impacte positivamente en las prácticas agronómicas actuales y que beneficie a los agricultores y al medio ambiente”.

Remolacha
La seguridad también está presente en la solicitud de KWS Semillas Ibérica. “El uso de remolacha tolerante a glifosato puede permitir una producción de remolacha más competitiva y sostenible, con un control de malezas eficaz y aprovechando las favorables características de seguridad de Roundup”.




GRUPOS DE PRESIÓN
ALTOS CARGOS DE LOS MINISTERIOS DE CIENCIA Y DE MEDIO AMBIENTE FAVORECEN A LA BIOINDUSTRIA
El lobby transgénico en el Gobierno de Zapatero
En 2008, de las 100.000 ha de maíz transgénico en la UE , 80.000 están en el Estado español. En 2009, Alemania, Francia, Grecia, Hungría y Austria han prohibido su siembra...

“¿Por qué TV3, que ha coproducido el documental El Mundo según Monsanto todavía no lo ha emitido? ¿Y por qué Tele5 lo echó a altas horas de la madrugada”, se interroga Marie-Monique Robin, la autora del libro que ha dado pie a este documental y narra cómo Monsanto ha llegado a liderar el mercado mundial de las semillas transgénicas. Un ejemplo es su implantación en el Estado español, donde están sembradas 80.000 de las 100.000 ha que hay en toda la UE de maíz transgénico MON-810. Una práctica que Alemania acaba de prohibir. También, recientemente, Francia, Grecia, Austria y Hungría han ampliado su moratoria a estas plantaciones.

“No se respeta el principio de precaución, no existe la suficiente investigación científica acerca de los perjuicios que puede provocar el consumo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Además la mayoría de la investigación publicada está financiada por las propias multinacionales”, como Monsanto, Syngenta o Pioneer, denuncia Andoni García Ariola, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Una excepción a la postura española se produjo el 2 de marzo pasado, cuando el Gobierno de Zapatero apoyó en la Comisión Europea la moratoria de transgénicos de Austria y Hungría. “Por órdenes de arriba”, justifica Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace, quien participó en reuniones con altos cargos para conseguir este cambio de voto. Además, reconoce que otros países como Francia ejercieron presión. Un cambio de opinión que serviría como una de las monedas de pago por la silla que facilitó Sarkozy a Zapatero en el G-20, indican otras fuentes.

“Puertas giratorias”
“Conseguir que se normalicen los transgénicos forma parte de una guerra de información. Monsanto gasta millones en propaganda, contrata agencias de comunicación, lanza campañas de difamación contra investigadores que denuncian los peligros que éstos podrían causar”, afirma a este periódico Robin.

La financiación de entidades que promuevan sus intereses forma parte de la estrategia habitual de los grupos de presión. La defensa que realiza el lobby EuropaBio de las aplicaciones de la biotecnología y, por tanto de los transgénicos, le llevó a “contratar a Burson-Marsteller, multinacional de relaciones públicas, famosa por haber trabajado tras desastres ecológicos como Chernobyl o Bhopal en India. Su receta para conseguir influir en el público se basa en el apoyo de científicos y creadores de opinión y no en la publicidad de las marcas”, dice Guillem Tendero, de Transgenic Fora!.

Entre las organizaciones pertenecientes a EuropaBIO se encuentra Asebio, presidida, hasta su llegada al Ministerio de Ciencia e Innovación por Cristina Garmendia y financiada, entre otras, por Monsanto o Merck, según se puede ver en su propia página web. De presidir uno de los mayores grupos de presión biotecnológica a ministra de Ciencia, Garmendia es el máximo exponente del fenómeno de “puertas giratorias” (trasvase de ejecutivos del sector público al privado o viceversa). Además, Jorge Barrero, actual jefe de Gabinete de Garmendia, era el secretario general de Asebio hasta su llegada al Ministerio.

Décadas de presión
Aunque en la Unión Europea, entre 1998 y 2004, se aplicó una moratoria a los OGM, el Gobierno de Aznar hizo oídos sordos a esta paralización. Una situación que fue investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. “Incomprensiblemente, las autoridades responsables en el Ministerio de Agricultura (...) han permitido –por las razones que fueran– su comercialización a gran escala en nuestro país por parte de la mercantil Syngenta, en una violación absoluta de lo establecido en la orden de 23/03/98 el Reglamento de Variedades Vegetales”, según el informe del fiscal que hizo público Rafael Carrasco en 2004 en Interviú.

Actualmente, la jefatura del Área de Biotecnología Varietal de la Oficina de Variedades Vegetales la ocupa José Ignacio Ortega Molina. Ortega es un habitual de actos de la Fundación Antama (financiada, entre otras, por Asebio), que ha lamentado públicamente el “poco peso” de la agricultura transgénica en otros países de Europa.

El control de la CNB
“Cada vez que hay una solicitud para la liberación de un nuevo organismo modificado genéticamente (plantas, virus…) o que el Gobierno español tiene que posicionarse sobre transgénicos en Europa, estas decisiones pasan en primera instancia por el órgano científico creado para este fin, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB)”, explica Amigos de la Tierra en su reciente publicación Las malas compañías. Un órgano que está encabezado por María Jesús Rodríguez de Sancho, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). “Pere Puigdomènech, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el mayor defensor de la introducción de transgénicos en agricultura y alimentación”, denuncia Amigos de la Tierra. Esta organización centra sus acusaciones en los siete representantes científicos, entre sus 46 miembros.

En esta lista también incluyen a Pedro Castañera, presidente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y a Florentino Juste, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), entre otros. Según declara a DIAGONAL Diego Llanes, catedrático de Genética de la Universidad de Córdoba, “no existe una postura crítica en la mayoría de los investigadores y es usual que en las universidades los profesores hagan constantes intervenciones en su defensa”.

Pero los firmes defensores de los OMG y la biotecnología no sólo copan la CNB. Por ejemplo, la Universitat de Barcelona, a través de Serveis Cientificotècnics, forma parte de otro de los grupos de presión europeo pro transgénicos, European Federation of Biotechnology. Esta asociación la integran, entre otros, SEbiot, encabezada por José Luis García López (CSIC).

El ‘buen hacer’ de Lucía Roda “En las reuniones con gente del Gobierno, Lucía Roda [de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental] es la que más defiende los transgénicos”, explica David Sánchez, de Amigos de la Tierra. Roda, además, ha sido la mano derecha de Ana Fresno, número dos de Rodríguez de Sancho. Durante años, incluida la etapa del PP, Fresno ha ocupado importantes puestos técnicos en Agricultura, como la presidencia de la Comisión Nacional de Biotecnología.

La buena imagen de la biotecnología ha sido una constante en cada Gobierno desde la llegada de Aznar a la Moncloa. “La biotecnología es un aliado contra el hambre”, afirmaba a El País Elena Espinosa, actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino y máxima responsable de la instauración de los transgénicos, reproduciendo uno de los tópicos que la industria ha repetido para su implantación.

Como reconoce la autora de El mundo según Monsanto, “si no fuera por el importante número de casos de puertas giratorias y la fuerza del lobby no se entendería por qué España es la gran valedora de los transgénicos en la UE”.



Monsanto y su estregia para entrar en América Latina

A nivel planetario, 48,4 millones de hectáreas están dedicadas a la soja Roundup Ready. Esta semilla está modificada genéticamente para resistir a un herbicida muy potente. Tanto el herbicida como la semilla son de la misma empresa, Monsanto. Esta transnacional aterrizó en Argentina en el ‘96, tan ansiosa de “compartir su desarrollo” que donó la soja RR a los productores de la pampa sin haberla patentado. Regalando los sacos y subsidiando el herbicida, logró que la soja se expandiera como el fuego. Posteriormente, a través del contrabando, Monsanto contaminó Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la actualidad, la soja RR cubre más 15 millones de hectáreas en Argentina, superando el 45% de la superficie agrícola. Su valor es primordial en las exportaciones argentinas, ocupa tres de los cinco primeros lugares. Sin embargo, en empleo generado, la posición desciende al undécimo lugar. Los monocultivos de soja transgénica no necesitan agricultores, con el paquete biotecnológico y las máquinas de siembra directa, y dos personas se encargan de aproximadamente 500 hectáreas. Argentina ha pasado de exportar alimentos a exportar una commodity que sólo beneficia a las grandes transnacionales por su versatilidad industrial y que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. De la soja se puede hacer forraje, emulsionantes, biodiesel, champú, pegamento y hasta pinturas. La soja está presente en casi todos nuestros alimentos pero es invisible, de esta forma se ha convertido en un insumo estratégico de valor geopolítico para las corporaciones que controlan el mercado alimentario (Monsanto, Syngenta, Cargill, ADM, Dreyfuss o Bunge). Pero la expansión de la soja no ha tocado techo; se estima que la demanda aumentará un 60% en los próximos 20 años debido al crecimiento de la agroindustria. Con el precio del barril de petróleo en ascenso y el Protocolo de Kyoto firmado, otro nuevo mercado incalculable se abre para la soja: el biodiesel. De hecho, la construcción de la nueva hidrovía a lo largo de 3.360 kilómetros a través de la zona de tierras húmedas tropicales más grande del mundo hará posible que las barcazas de Cargill accedan hasta el pantanal de Brasil y todo el chaco argentino, paraguayo y boliviano.

CONFLICTO CAMPESINO
Durante 1998-2002, 118.000 hectáreas han sido ‘desmontadas’ para la producción de soja en el Chaco, 160.000 en Salta y 223.000 en Santiago del Estero. El avance de la soja en el norte de Argentina, al igual que en Paraguay y Brasil, se ha hecho, en muchos casos, a costa de comunidades campesinas o indígenas. El modelo implica la explosión de los conflictos de tierra generando una ola de corrupción y violencia a manos de policías y paramilitares que acorrala a las comunidades que resisten el avance. La oleada de agro-químicos provoca intoxicaciones y enfermedades masivas, incluso en barrios periurbanos rodeados de soja. Finalmente, los químicos y la violencia expulsan a los campesinos hacia las ciudades, que suelen nutrir las villas-miseria y los ejércios nocturnos de cartoneros que reciben la ‘soja solidaria’ que regalan los exportadores en los comedores populares.


"...El gobierno oculto está permitiendo liberar y publicar toda la información, sobre sus actos y planes, a través de ciertas personas (conscientes o no). Su pretensión es tenernos aún más asustados..."

"...Si vamos a difundir noticias inquietantes, hagámoslo con Amor. Teniendo la certeza absoluta de que la Luz, muy pronto, brillará entre las tinieblas. Borrando para siempre la ignorancia a la que nos tienen sometidos..."

 
Somos Luz y Amor. No permitamos que nos oscurezcan.
 
GRACIAS A TODOS POR SER LA LLAMA EN LA OSCURIDAD...
 
JL NAROM.

 

 


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