El Gobierno Español nos engaña con los cultivos transgénicos
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El gobierno español nos engaña con los cultivos transgénicos
¡OCULTAN, ENGAÑAN Y VUELVEN A OCULTAR Y VUELVEN A ENGAÑAR...!
Si los alimentos transgénicos son tan buenos ¿porqué nos ocultan los estudios y las relaciones con estas empresas?
EL ESTADO ESPAÑOL ABRE SUS PUERTAS A MULTINACIONALES DEL SECTOR COMO MONSANTO, PIONEER O BAYER
Cien campos secretos de prueba de transgénicos con la connivencia del PSOE
Desde 2008 no se publican las
actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad que tienen que hacer
público en qué campos del Estado español se cultivan Organismos
Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto
tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que
recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por
la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede
causar daños en la salud humana
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medios Rural y Marino - Elaboración DIAGONAL
“Tenemos constancia de que se
llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire
libre sin que los Concelhos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o
las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el
Ministerio y la Xunta nos han ocultado información”. Así lo declaraba
para DIAGONAL Charo Sánchez, agricultora y secretaria de medio ambiente
del Sindicato Labrego Galego (SLG) tras descubrir informes de campos de
ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concelhos de
Arteixo o Santa Uxía. “Algo que desde la Administración nos habían
negado. Ha sido como un jarro de agua fría”.
La información sobre los
cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM)
sigue siendo oscura y confusa. Los campos de prueba al aire libre son,
normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores
y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz,
patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de
los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de
OGM.
Un proceso por el que ya pasó
el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en
el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas
en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales.
De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de
personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz
transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos
experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido
por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite
previo que evalúe su seguridad.
La competencia en el Estado
español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En
las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad
como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las
plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por
trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos
para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es
tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa
contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el
territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos
enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan
absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia
con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos
protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas
proponen, no el Ministerio”.
A todas luces la seguridad
parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de
precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con
una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de
mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana
Transgènic Fora.
Para Andoni García,
responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato
agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a
campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está
garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya
habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como
sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.
No se avisa ni a la población ni a los vecinos
Además de la inseguridad, el
secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando
se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los
vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.
Lo cierto es que la autoridad
competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde
se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el
Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden
tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.
De hecho es imposible saber
qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a
cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la
Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz
desde 2008.
Según las últimas solicitudes
publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades
de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12
meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer,
Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos.
“El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los
campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con
Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo
intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que
incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta
situación es una muestra de la gran complicidad entre las
multinacionales y los gobiernos”, añade.
“Es muy complejo. Hay muchos
vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero
que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de
Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar
una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos
comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué
hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social
que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y
explicado”, concluye.
¿SÓLO REGALOS?
Regalos, comidas o muestras
gratuitas de semillas son algunas de las estrategias que la
agroindustria despliega para atraer a agricultores y agricultoras. La
revista de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) relata
cómo en septiembre de 2009 una delegación del sindicato recorría
Estados Unidos invitada por Monsanto. El objetivo de este viaje, según
la UPA, fue “visitar varios centros de investigación agraria, así como
explotaciones dedicadas al cultivo del maíz, la soja y la remolacha”.
Durante una semana esta delegación recorrió fincas de experimentación
de cultivos y se reunió con distintos expertos de Monsanto en materia
de agua o mejora genética. Como colofón y siempre usando la expresión
“agricultura familiar”, visitaron dos explotaciones de remolacha
tolerante a herbicidas. “UPA valora muy positivamente este viaje”.
SECRETISMO Y RIESGOS DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)
La Comisión Nacional de Bioseguridad
Esta comisión, dependiente del
Ministerio, es la encargada de elaborar los informes que dan el visto
bueno a los experimentos con transgénicos. Está compuesta por 46
miembros, de los cuales tan sólo siete son representantes científicos.
Sus miembros están cercanos a la agroindustria (Ver, más abajo, Grupos
de Presión, Altos cargos...)
Algodón
La solicitud de Bayer para
experimentar con algodón tolerante a herbicida roza la inseguridad:
“Debido a las medidas tomadas en el ensayo y a que no existen especies
silvestres emparentadas con el algodón en Europa, consideramos que no
puede producirse transferencia de genes a otras especies ni al algodón
convencional”.
Maíz
Las "buenas intenciones"
acompañan a Monsanto y su maíz NK603 x MON810. “Se ha demostrado que
este maíz es tan seguro y tan nutritivo como cualquier otro. Se espera
que su producción impacte positivamente en las prácticas agronómicas
actuales y que beneficie a los agricultores y al medio ambiente”.
Remolacha
La seguridad también está
presente en la solicitud de KWS Semillas Ibérica. “El uso de remolacha
tolerante a glifosato puede permitir una producción de remolacha más
competitiva y sostenible, con un control de malezas eficaz y
aprovechando las favorables características de seguridad de Roundup”.
GRUPOS DE PRESIÓN
ALTOS CARGOS DE LOS MINISTERIOS DE CIENCIA Y DE MEDIO AMBIENTE FAVORECEN A LA BIOINDUSTRIA
El lobby transgénico en el Gobierno de Zapatero
En 2008, de las 100.000 ha de maíz transgénico en la UE , 80.000 están
en el Estado español. En 2009, Alemania, Francia, Grecia, Hungría y
Austria han prohibido su siembra...
“¿Por qué TV3, que ha
coproducido el documental El Mundo según Monsanto todavía no lo ha
emitido? ¿Y por qué Tele5 lo echó a altas horas de la madrugada”, se
interroga Marie-Monique Robin, la autora del libro que ha dado pie a
este documental y narra cómo Monsanto ha llegado a liderar el mercado
mundial de las semillas transgénicas. Un ejemplo es su implantación en
el Estado español, donde están sembradas 80.000 de las 100.000 ha que
hay en toda la UE de maíz transgénico MON-810. Una práctica que
Alemania acaba de prohibir. También, recientemente, Francia, Grecia,
Austria y Hungría han ampliado su moratoria a estas plantaciones.
“No se respeta el principio de
precaución, no existe la suficiente investigación científica acerca de
los perjuicios que puede provocar el consumo de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM). Además la mayoría de la investigación
publicada está financiada por las propias multinacionales”, como
Monsanto, Syngenta o Pioneer, denuncia Andoni García Ariola, de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Una excepción a la postura
española se produjo el 2 de marzo pasado, cuando el Gobierno de
Zapatero apoyó en la Comisión Europea la moratoria de transgénicos de
Austria y Hungría. “Por órdenes de arriba”, justifica Juan Felipe
Carrasco, de Greenpeace, quien participó en reuniones con altos cargos
para conseguir este cambio de voto. Además, reconoce que otros países
como Francia ejercieron presión. Un cambio de opinión que serviría como
una de las monedas de pago por la silla que facilitó Sarkozy a Zapatero
en el G-20, indican otras fuentes.
“Puertas giratorias”
“Conseguir que se normalicen
los transgénicos forma parte de una guerra de información. Monsanto
gasta millones en propaganda, contrata agencias de comunicación, lanza
campañas de difamación contra investigadores que denuncian los peligros
que éstos podrían causar”, afirma a este periódico Robin.
La financiación de entidades
que promuevan sus intereses forma parte de la estrategia habitual de
los grupos de presión. La defensa que realiza el lobby EuropaBio de las
aplicaciones de la biotecnología y, por tanto de los transgénicos, le
llevó a “contratar a Burson-Marsteller, multinacional de relaciones
públicas, famosa por haber trabajado tras desastres ecológicos como
Chernobyl o Bhopal en India. Su receta para conseguir influir en el
público se basa en el apoyo de científicos y creadores de opinión y no
en la publicidad de las marcas”, dice Guillem Tendero, de Transgenic
Fora!.
Entre las organizaciones
pertenecientes a EuropaBIO se encuentra Asebio, presidida, hasta su
llegada al Ministerio de Ciencia e Innovación por Cristina Garmendia y
financiada, entre otras, por Monsanto o Merck, según se puede ver en su
propia página web. De presidir uno de los mayores grupos de presión
biotecnológica a ministra de Ciencia, Garmendia es el máximo exponente
del fenómeno de “puertas giratorias” (trasvase de ejecutivos del sector
público al privado o viceversa). Además, Jorge Barrero, actual jefe de
Gabinete de Garmendia, era el secretario general de Asebio hasta su
llegada al Ministerio.
Décadas de presión
Aunque en la Unión Europea,
entre 1998 y 2004, se aplicó una moratoria a los OGM, el Gobierno de
Aznar hizo oídos sordos a esta paralización. Una situación que fue
investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.
“Incomprensiblemente, las autoridades responsables en el Ministerio de
Agricultura (...) han permitido –por las razones que fueran– su
comercialización a gran escala en nuestro país por parte de la
mercantil Syngenta, en una violación absoluta de lo establecido en la
orden de 23/03/98 el Reglamento de Variedades Vegetales”, según el
informe del fiscal que hizo público Rafael Carrasco en 2004 en Interviú.
Actualmente, la jefatura del
Área de Biotecnología Varietal de la Oficina de Variedades Vegetales la
ocupa José Ignacio Ortega Molina. Ortega es un habitual de actos de la
Fundación Antama (financiada, entre otras, por Asebio), que ha
lamentado públicamente el “poco peso” de la agricultura transgénica en
otros países de Europa.
El control de la CNB
“Cada vez que hay una
solicitud para la liberación de un nuevo organismo modificado
genéticamente (plantas, virus…) o que el Gobierno español tiene que
posicionarse sobre transgénicos en Europa, estas decisiones pasan en
primera instancia por el órgano científico creado para este fin, la
Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB)”, explica Amigos de la Tierra
en su reciente publicación Las malas compañías. Un órgano que está
encabezado por María Jesús Rodríguez de Sancho, la directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM). “Pere Puigdomènech, profesor de investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el mayor
defensor de la introducción de transgénicos en agricultura y
alimentación”, denuncia Amigos de la Tierra. Esta organización centra
sus acusaciones en los siete representantes científicos, entre sus 46
miembros.
En esta lista también incluyen
a Pedro Castañera, presidente del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, y a Florentino Juste, director del
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), entre otros.
Según declara a DIAGONAL Diego Llanes, catedrático de Genética de la
Universidad de Córdoba, “no existe una postura crítica en la mayoría de
los investigadores y es usual que en las universidades los profesores
hagan constantes intervenciones en su defensa”.
Pero los firmes defensores de
los OMG y la biotecnología no sólo copan la CNB. Por ejemplo, la
Universitat de Barcelona, a través de Serveis Cientificotècnics, forma
parte de otro de los grupos de presión europeo pro transgénicos,
European Federation of Biotechnology. Esta asociación la integran,
entre otros, SEbiot, encabezada por José Luis García López (CSIC).
El ‘buen hacer’ de Lucía Roda
“En las reuniones con gente del Gobierno, Lucía Roda [de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental] es la que más defiende los
transgénicos”, explica David Sánchez, de Amigos de la Tierra. Roda,
además, ha sido la mano derecha de Ana Fresno, número dos de Rodríguez
de Sancho. Durante años, incluida la etapa del PP, Fresno ha ocupado
importantes puestos técnicos en Agricultura, como la presidencia de la
Comisión Nacional de Biotecnología.
La buena imagen de la
biotecnología ha sido una constante en cada Gobierno desde la llegada
de Aznar a la Moncloa. “La biotecnología es un aliado contra el
hambre”, afirmaba a El País Elena Espinosa, actual ministra de Medio
Ambiente, Rural y Marino y máxima responsable de la instauración de los
transgénicos, reproduciendo uno de los tópicos que la industria ha
repetido para su implantación.
Como reconoce la autora de El
mundo según Monsanto, “si no fuera por el importante número de casos de
puertas giratorias y la fuerza del lobby no se entendería por qué
España es la gran valedora de los transgénicos en la UE”.
Monsanto y su estregia para entrar en América Latina
A nivel planetario, 48,4
millones de hectáreas están dedicadas a la soja Roundup Ready. Esta
semilla está modificada genéticamente para resistir a un herbicida muy
potente. Tanto el herbicida como la semilla son de la misma empresa,
Monsanto. Esta transnacional aterrizó en Argentina en el ‘96, tan
ansiosa de “compartir su desarrollo” que donó la soja RR a los
productores de la pampa sin haberla patentado. Regalando los sacos y
subsidiando el herbicida, logró que la soja se expandiera como el
fuego. Posteriormente, a través del contrabando, Monsanto contaminó
Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la actualidad, la soja RR cubre
más 15 millones de hectáreas en Argentina, superando el 45% de la
superficie agrícola. Su valor es primordial en las exportaciones
argentinas, ocupa tres de los cinco primeros lugares. Sin embargo, en
empleo generado, la posición desciende al undécimo lugar. Los
monocultivos de soja transgénica no necesitan agricultores, con el
paquete biotecnológico y las máquinas de siembra directa, y dos
personas se encargan de aproximadamente 500 hectáreas. Argentina ha
pasado de exportar alimentos a exportar una commodity que sólo
beneficia a las grandes transnacionales por su versatilidad industrial
y que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. De la soja se
puede hacer forraje, emulsionantes, biodiesel, champú, pegamento y
hasta pinturas. La soja está presente en casi todos nuestros alimentos
pero es invisible, de esta forma se ha convertido en un insumo
estratégico de valor geopolítico para las corporaciones que controlan
el mercado alimentario (Monsanto, Syngenta, Cargill, ADM, Dreyfuss o
Bunge). Pero la expansión de la soja no ha tocado techo; se estima que
la demanda aumentará un 60% en los próximos 20 años debido al
crecimiento de la agroindustria. Con el precio del barril de petróleo
en ascenso y el Protocolo de Kyoto firmado, otro nuevo mercado
incalculable se abre para la soja: el biodiesel. De hecho, la
construcción de la nueva hidrovía a lo largo de 3.360 kilómetros a
través de la zona de tierras húmedas tropicales más grande del mundo
hará posible que las barcazas de Cargill accedan hasta el pantanal de
Brasil y todo el chaco argentino, paraguayo y boliviano.
CONFLICTO CAMPESINO
Durante 1998-2002, 118.000
hectáreas han sido ‘desmontadas’ para la producción de soja en el
Chaco, 160.000 en Salta y 223.000 en Santiago del Estero. El avance de
la soja en el norte de Argentina, al igual que en Paraguay y Brasil, se
ha hecho, en muchos casos, a costa de comunidades campesinas o
indígenas. El modelo implica la explosión de los conflictos de tierra
generando una ola de corrupción y violencia a manos de policías y
paramilitares que acorrala a las comunidades que resisten el avance. La
oleada de agro-químicos provoca intoxicaciones y enfermedades masivas,
incluso en barrios periurbanos rodeados de soja. Finalmente, los
químicos y la violencia expulsan a los campesinos hacia las ciudades,
que suelen nutrir las villas-miseria y los ejércios nocturnos de
cartoneros que reciben la ‘soja solidaria’ que regalan los exportadores
en los comedores populares.
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