No
se salva ni el Rey... Golpe de Estado 23-F
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No se salva ni el
Rey... Golpe de Estado 23-F
El Rey de España Juan Carlos I, rey de España, coordinó el golpe de estado del 23-F de 1981, dice el coronel Amadeo Martínez.
D. Amadeo Martínez Inglés, ex-coronel del Ejército,
hizo un informe sobre los hechos acaecidos en España el 23 de febrero
de 1981 presentando al rey Juan Carlos I como el máximo responsable.
El 21 de febrero de 2011, el periódico español El Mundo, publicaba que el golpe de estado habría sido imposible sin la intervención del CESID (servicios secretos españoles).
Os adjunto abajo, al final, un vídeo documental que detalla cómo el Rey de España, Juan Carlos I, consiguió su fortuna...
Cuando Juan Carlos I llego al trono, carecía de fortuna personal. En el año 2003, la revista Forbes, incluía a Juan Carlos I en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa, con una fortuna estimada en 1.790 millones de euros, que le situaba en el puesto 134 de los más ricos del planeta.
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VÍDEO QUE NO DEBÉIS PERDEROS:
Aquí tenéis al escritor, periodista e historiador Jesús Palacios, explicándonos la GRAN MENTIRA DEL 23F.
La
historia oficial -la que nos han dado por los medios de comunicación-
es una gran farsa para que el rey D. Juan Carlos I quedase como un
heroe.
La verdad oculta es que fue el propio rey el que orquestó todo el Golpe de Estado.
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LA DENUNCIA DEL CORONEL AMADEO MARTÍNEZ:
Al
Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes
Españolas
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e
historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con
arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española
manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el
artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa
Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en
España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente
conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que,
después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba
toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan
Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación,
preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de
una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo
76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan
deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las
responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que
pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al
presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de
éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del
Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas
instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.
Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del
Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión
de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero
de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los
Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una
Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto,
además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año
anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan
desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios
la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como
venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos
como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades
del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el
Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el
resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a
molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008,
publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de
libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la
vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de
estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino
algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares,
familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres
décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son,
obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos,
de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.
El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas
las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí
por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados
para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la
Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces
solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a
estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca
español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F”
y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de
altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar
el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los
autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos
por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento
antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del
CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo
menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta
años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las
mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que
no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de
particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados
persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno
y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje
de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de
comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa
Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de
marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en
el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente
pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.
El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE
adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español
(entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del
Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de
1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que
se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones
históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer
presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y
genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.
Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso,
recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de
mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del
Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de
los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había
tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión
de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación".
En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la
notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura
con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las
Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de
denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado
públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los
mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año
Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes
de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación”
por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso
más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he
impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro
(“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones
sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de
investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que
aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los
contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga
planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de
nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente,
venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus
señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades
que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan
indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos
los españoles”.
Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad
culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro,
ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el
mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y
reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el
actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de
investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales
de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo
de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese
algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a
los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de
los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto
secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo”
castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y
organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista
denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un
nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para
ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido
conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual,
saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no
dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para
que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales
partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera
maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería
conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del
23-F”.
Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo
soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el
secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama
que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes
españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los
hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con
mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados
como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que
precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo
siguiente:
Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución
española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo
español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del
Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de
golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la
Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las
responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los
hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de
1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos
como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles
nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años
1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y
1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del
Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente
delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual
monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los
periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las
Cortes españolas.
Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos
presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño
de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que
manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el
Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del
pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo
constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para
que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2
de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey
de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado
español a título de rey.
Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las
penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en
el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle
atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle
una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con
gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de
Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado,
corrupción… etc, etc.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la
Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis
denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o
hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión
de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y
parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique
oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo
formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador
militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo
español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la
democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de
que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad
manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e
irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la
divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de
derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el
banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.
Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un
país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España
con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el
que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión
al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente
iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la
década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.
Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados,
si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo
testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin
embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la
época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las
leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE
de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del
Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien,
por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios
fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual
rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010.
Amadeo Martínez Inglés
Fuentes:http://www.kaosenlared.net/noticia/rey-espana-juan-carlos-i-coordino-golpe-estado-23-f-1981-dice-coronel-
http://www.rafapal.com/?p=4260#more-4260
http://www.pluralia.tv/
VÍDEO: Cómo hizo su fortuna D. Juan Carlos I de España
"...El gobierno oculto está permitiendo liberar y publicar toda la información, sobre sus actos y planes, a través de ciertas personas (conscientes o no). Su pretensión es tenernos aún más asustados..."
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